viernes, 21 de marzo de 2014

El Gobierno recurrirá la ley de La Rioja que prohíbe el fracking, la segunda tras la de Cantabria





MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Rioja 7/2013, en la que se prohíbe en esta comunidad autónoma la técnica de fractura hidráulica, o 'fracking', para la extracción de hidrocarburos con convencionales.
Este recurso es continuación del ya presentado por el Gobierno central contra la Ley 'Antifracking' de Cantabria, la primera de estas características que se aprobó a nivel autonómico, y a la que luego siguieron las de La Rioja y Navarra.
En concreto, el artículo 1 de la Ley 7/2013 prohíbe la investigación y extracción de gas esquisto o no convencional en La Rioja y el almacenamiento geológico en el supuesto de que haya que utilizar la técnica de fractura hidráulica o 'fracking'.
Para pedir la suspensión de esta ley, el Gobierno invocará el artículo 161.2 de la Constitución. Según sus argumentos, la norma es ilegal porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma y en las zonas de subsuelo marino.
Además, considera que la ley de La Rioja, al prohibir la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del 'fracking', vacía de competencias al Estado en materia de hidrocarburos. Se entiende, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que las competencias autonómicas sobre medio ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las competencias estatales.
La normativa estatal es conforme a la normativa de la Unión Europea, que no prohíbe esta técnica de explotación de gas no convencional, asegura además el Gobierno.
El Ejecutivo recuerda que la Comisión Europea adoptó el 22 de enero de 2014 una recomendación que establece los principios de aplicación por los Estados para garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta al 'fracking'.
En España la normativa vigente ya prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, añade.

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