lunes, 19 de mayo de 2014

El PP balear utiliza el recurso de la ley de Cantabria como excusa para no censurar el fracking





El PP no apoyará al PSIB contra el ´fracking´ hasta que lo decida el Constitucional

La ley cántabra sobre esta materia está recurrida ante el Constitucional y el PP dice que la propuesta del PSIB es una "copia palabra a palabra"


diariodemallorca.es/Efe. Palma El PP no apoyará mañana en el pleno del Parlament una iniciativa del PSIB para que se prohíba en Baleares la técnica del "fracking" o fractura hidráulica, que posibilita la extracción de gas y petróleo del subsuelo, porque la ley cántabra sobre esta materia está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).

Los populares han asegurado que están totalmente en contra del "fracking", al igual que de las prospecciones para extraer petróleo en el Mediterráneo, pero solicitarán al Grupo Socialista que retire temporalmente su proposición de ley hasta que el TC se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la ley de Cantabria.

El diputado Popular Miquel Jaén ha dicho con ocasión de una rueda de prensa que la ley presentada por el PSIB es una "copia palabra a palabra" de la cántabra, que ha sido recurrida por el Gobierno central al entender que invade competencias propias del Estado, algo que deberá dirimir el TC.

El diputado socialista Marc Pons ha defendido hoy la proposición no de ley de su grupo para que la Cámara tome en consideración esta ley, cuyo propósito es adelantarse a la posibilidad de que se pretenda emplear la técnica del fracking en territorio insular.

El diputado menorquín ha añadido que hace unos años nadie habría pensado que habría empresas interesadas en buscar petróleo en el mar Mediterráneo por los perjuicios medioambientales, económicos y sociales que ello supone, pero finalmente sí ha sido así debido al agotamiento de las bolsas de crudo a nivel planetario.

Para evitar que se repita esta situación, los socialistas quieren que una ley propia impida el "fracking" en las islas, una actividad que podría tener como consecuencias la probable contaminación de acuíferos, un "elevadísimo" consumo de agua, un "gran" impacto paisajístico y la posibilidad de que se registraran pequeños terremotos, ha advertido Pons.

En cambio, las ventajas de esta explotación son "demasiadas minsas", ha dicho el diputado socialista, para quien es necesario adoptar una "actitud preventiva muy clara" y que la comunidad autónoma "se blinde" frente al posible interés futuro de compañías privadas. 


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