viernes, 6 de junio de 2014

'Andalucía Libre de Fracking' exige a la Junta la prohibición de la práctica






SEVILLA, 28 (EUROPA PRESS)


La Plataforma 'Andalucía Libre de Fracking' (PALF) ha exigido a la Junta de Andalucía una actuación "contundente" para la prohibición del 'fracking' --extracción de gas natural mediante fracturación hidraulica-- en Andalucía y la revocación de los permisos vigentes tras la propuesta de ley en el Congreso de los Diputados por parte de la Izquierda Plural y el voto a favor del PSOE.

Dicha propuesta, según ha recordado el colectivo en una nota, fue votada a favor por el PSOE, pasando a ser "el segundo compromiso político en menos de un mes que obliga al Gobierno andaluz a materializar un mecanismo para prohibir el 'fracking' en Andalucía y revocar los permisos vigentes".

A este hecho ha de sumarse el compromiso público firmado por el PSOE e IU el pasado día 14, también en el Congreso, contrayendo voluntariamente junto con 20 partidos políticos más la obligación de prohibir el 'fracking'. La proposición de ley resultó rechazada por la mayoría absoluta del PP, "favorable a esta técnica con graves impactos ambientales y sobre la salud".

Desde la PALF se ha instado a la administración autonómica "coherencia" a nivel autonómico con las acciones realizadas por el PSOE e IU a nivel estatal. "Ante el vacío legal que actualmente rige el 'fracking', el Gobierno andaluz debe actuar con celeridad y evitar que Andalucía sea la primera comunidad autónoma donde se instale el primer pozo de fracturación hidráulica, y por tanto donde se empiecen a padecer las consecuencias ambientales de esta actividad que van desde la contaminación del agua hasta el aumento de la actividad sísmica", ha subrayado.

Y es que, recuerdan, Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar 'fracking'. La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados suponen 82.700 hectáreas en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén, a lo que se sumaría una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 hectáreas de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla.



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