lunes, 26 de enero de 2015

Ayuntamientos de Vizcaya (País Vasco) emprenderían un camino legal contra el fracking







Por Delia Tobías / Cadena SER
25 de enero de 2015



Los ayuntamientos vizcaínos afectados por el proyecto GEMINIS podrían considerar la vía judicial para pedir una declaración de impacto ambiental estratégica.



Varios ayuntamientos vizcaínos afectados por el proyecto ''Géminis'' de fracking podrían plantearse acudir a los tribunales para exigir que la pertinencia de una declaración de impacto ambiental se determine evaluando las consecuencias de todo el proyecto y no en sus diferentes fases por separado.

Varios municipios de la zona han realizado ya una alegación ante el Ministerio de Medio Ambiente en este sentido; lo confirma el parlamentario de EH Bildu Dani Maeztu que explica que a estos municipios les avala jurisprudencia europea previa -en casos como el de la M-30 madrileña o proyectos de alta velocidad ferroviaria- y una recomendación -que no directiva- de la Comisión Europea de principios 2014 que determina que cualquier proyecto de investigación o exploración de hidrocarburos mediante fracking tiene que estar sometido a una declaración de impacto ambiental estartégica; es decir, que se tienen que considerar las consecuencias del proyecto en su conjunto.

Maeztu dice que la segregación en diferentes fases de los proyectos de incidencia medioambiental no es nuevo y critica al Gobierno Vasco por no considerar estas irregularidades. Dice que lo hace para salvaguardar sus propios intereses en otros proyectos de fracking en los que Lakua participa.

Por cierto, el Gobierno Vasco ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente informes técnicos sobre el posible impacto de las pruebas sísmicas que deben realizarse en Bizkaia para determinar dónde se encuentran las bolsas de gas en el subsuelo. Con algún matiz, concluyen que tendrían consecuencias mínimas, lo que hace pensar-apunta Dani Maeztu- en que Madrid determine que no es necesario abrir un proceso de declaración de impacto ambiental en esta fase.

En base a la decisión final, los ayuntamientos vizcaínos implicados podrían plantearse el recurso a la vía judicial.




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