lunes, 9 de febrero de 2015

La justicia frena el fracking en el departamento de San Rafael (Argentina)







Publicado en Diario de San Rafael
6 de febrero de 2015



El Cuarto Juzgado en lo Civil de San Rafael dio lugar a una medida cautelar interpuesta por organizaciones ambientalistas del sur, frente a las múltiples irregularidades del procedimiento en la declaración de la empresa, que pretende instalar 17 pozos en el sur provincial.

La audiencia pública que se iba a hacer hoy en Malargüe por la instalación de la empresa OIL combustibles de Cristóbal López para extraer petróleo por el método de fracking, fue suspendida a partir de que la justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada en el marco de un recurso de amparo por el abogado ambientalista y miembro de la ONG Nativa Gustavo Correa Gabbi.

La iniciativa surgió luego de reuniones en General Alvear con productores y dirigentes ambientales, como Pilar Castilla, Andrea Fantinel, Carlos Pía y Alberto Kobayashi, y la gran red ambientalista que funciona en el sur, donde se decidió el estudio técnico de la situación y, ante la multiplicidad de irregularidades descubiertas, tomaron la decisión de presentarse ante la Justicia local por la vía del amparo ambiental.

Las actividades de la empresa podrían tener grave incidencia ambiental para los departamentos sureños, especialmente San Rafael y General Alvear. La firma había iniciado en 2009 un expediente ante la Dirección de Protección Ambiental con el objeto de obtener la Declaración para un proyecto petrolero sobre 17 pozos, ubicados en su gran mayoría sobre la cuenca de los Ríos Atuel y Diamante, principales sostenes hídricos del Oasis Sur de la Provincia. 

Geográficamente, 2 pozos se encuentran en Malargüe, 2 en San Carlos y 13 en San Rafael, diseminados desde la costa norte del río Diamante hasta la costa sur del río Atuel.

Correa Gabbi, en diálogo con nuestro diario, elogió el desempeño del Cuarto Juzgado en lo Civil. "Estoy muy contento con el funcionamiento del juzgado, mostraron alta predisposición, capacidad de estudiar y trabajar a deshora para resolver algo presentado contrarreloj". El recurso incluyó el pedido de una medida cautelar, que es en definitiva la que termina por suspender la audiencia pública.

Luego de la resolución judicial, se trasladó a Mendoza para notificar al gobierno y a la empresa. Es llamativo lo ocurrido en esa instancia, ya que el gobierno trató de rechazar con tecnicismos dicha notificación, "todo lo que no le exigieron a la empresa me lo exigieron a mí", manifestó el abogado, y finalmente la notificación fue recibida por la Dirección de  Protección Ambiental, con lo que el Ejecutivo provincial quedó oficialmente notificado.

Otro episodio desagradable le tocó vivir al notificar a la empresa, donde los integrantes de la ONG recibieron maltratos y agresiones y debieron llamar a la policía, situaciones que darán lugar a la apertura de una nueva causa judicial.

Entre las irregularidades más importantes, el profesional citó la falta de participación de la Municipalidad de Alvear, siendo que la Ley 5961 obliga a dar intervención a todos los municipios que pudieran verse afectados. Graves contradicciones y omisiones por parte del Departamento de Irrigación, quien dio dictamen favorable luego de omitir la intervención de la Subdelegación de Aguas del Río Atuel y de ignorar un dictamen lapidario de la Subdelegación de Aguas del Diamante. La falsa información brindada por la empresa ante las observaciones formuladas por la Universidad Nacional de Cuyo. La omisión de brindar información a la ciudadanía, poniendo a disposición solo parte de la misma en Malargüe y en la capital Mendocina, siendo que los principales interesados se encuentran en San Rafael, San Carlos y General Alvear. 



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