Mientras, el ejecutivo
de Mariano Rajoy desafía los posibles perjuicios del fracking y señala con las
perforadoras hacia las Merindades
La
semana pasada pudimos leer en la prensa como el Partido Popular en la
Diputación de Burgos se posicionó contrario al fracking en la provincia ante la presión de los ediles populares de
los pueblos afectados por los permisos de exploración.
Si
bien el PP rechazó hasta en tres ocasiones la propuesta socialista de declarar libre de fracking a la provincia de
Burgos, la falta de garantías sobre la inocuidad
de la técnica habría decidido el nuevo posicionamiento, según explico el
portavoz de la Diputación, el popular Borja
Suárez.
Por
otra parte, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña Camarero, habría subido el listón de las exigencias al
invitar al PP, en la celebración del pleno de la Diputación, a registrar en el
Senado y en el Congreso de la nación la propuesta contraria al fracking que se
había aprobado en la Corporación por unanimidad. Con un plazo de 24 horas para
poder presentar el documento de manera conjunta, el partido socialista no
habría tenido contestación por parte del PP y el registro de habría producido únicamente
en nombre del PSOE de Burgos.
Los
hechos habrían producido un intercambio de acusaciones entre representantes de
ambos partidos políticos donde el PSOE manifestó dudas de las intenciones
últimas del PP con la firma del documento de rechazo en la Diputación y la
negativa a defenderlo fuera del ámbito de la provincia.
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