Río
Agrio a la altura del casco municipal de Aznalcóllar que queda a la izquierda
de la imagen y fuera de ella. A la derecha están las escombreras de las
antiguas minas de pirita. El color turquesa es debido a la contaminación
residual que proviene de las escorrentías de las escombreras.
Publicado en Negocios
24 de septiembre de 2015
Sevilla, 24 sep.- La juez que
investiga la concesión para la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)
tiene previsto concluir mañana las declaraciones de imputados con las
comparecencias de cuatro integrantes de la mesa de contratación que
participaron en el proceso, a los que acusa de prevaricación.
Según la juez de instrucción 3
de Sevilla, Patricia Fernández, los integrantes de la mesa del concurso público
dijeron que una asesora fue la que estudió la solvencia económica de las
empresas.
Sin embargo, esa persona negó
en el juzgado su participación porque solo le mostraron algún "documento
puntual" y no tenía conocimientos para ese tipo de análisis.
Entre los imputados citados
para mañana se incluyen Julio Ramos, que acudió en representación de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, y Alberto Fernández Bueno,
jefe del área de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Economía e Innovación Ciencia y Empleo de la Junta.
Además, están citados mañana el
miembro de la mesa de contratación Juan José García Bartolomé, gerente de
Inversiones en la Sociedad Gestora de Fondos Capital Riesgo, Inversión y
Gestión Capital Riesgo de Andalucía, y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo
Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta de Andalucía y asesora
técnica de ordenación minera.
Estas declaraciones se sumarán
a las de otras tres personas imputadas, entre ellas la ex directora general de
Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio, que
defendió la legalidad y exquisitez en el proceso de concesión para reabrir la
mina, en la que en 1998 hubo un vertido tóxico.
También comparecieron ante la
juez para defender la legalidad del concurso la letrada de la Junta de
Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y un interventor de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta. EFE
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