jueves, 3 de marzo de 2016

El fracking y los políticos ponen a prueba la mayoría de edad de Cantabria


El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla (PRC), junto a al vicepresidenta, Eva Diaz-Tezanos (PSOE)






No son buenos tiempos para el fracking. 

Actualmente, se está muriendo de éxito. La técnica de perforación horizontal desarrollada por George P. Mitchell para la recuperación de hidrocarburos, antes inalcanzables, ha alterado el mercado internacional de los combustibles fósiles. 

El aporte de petróleo y gas mediante esta técnica extrema sumado a la producción de la perforación convencional permite disponer cada día de más petróleo y gas del que el mercado puede aceptar. 

La consecuencia, una bajada dramática del precio del petróleo y un abandono de las exploraciones más costosas, entre ellas la propia fracturación hidráulica. Pequeñas empresas de perforación y  grandes corporaciones se están sintiendo atrapadas por una de sus propias técnicas de recuperación de hidrocarburos.

El anuncio de la prodigiosa técnica se pregonó en Europa por los lobbies de las empresas de perforación y de forma abierta por el Departamento de Estado de EEUU, a través de la hoy candidata por el partido demócrata, Hillary Clinton. 

Sin embargo, las noticias sobre el carácter invasivo  y tóxico de la técnica han levantado detractores en todo el  mundo y en la actualidad es motivo de una polémica cada vez más audible en la opinión pública.

España es uno de países en Europa que más atención prestó a esta tecnología y de forma indistinta en cuanto al color de los distintos gobiernos locales y nacionales.

La comunidad de Cantabria se caracterizó por presentar uno de los primeros movimientos transversales de oposición  a la fracturación hidráulica y que empujó a que un gobierno autonómico conservador retara al gobierno estatal, del mismo color, con una prohibición que discutía las competencias del Estado. 

Cantabria, al igual que otras comunidades que siguieron su ejemplo, vieron su iniciativa fallida por un recurso de inconstitucionalidad que desveló la inexistencia de poderes locales en el tema.

Castilla La Mancha, es la última comunidad en anunciar aspectos de regulación relacionados con la técnica que mantendrían la esperanza de evitar las perforaciones más arriesgadas y aplicar medidas de seguridad que desmotivaran el interés por esta región de España.

Sin embargo, Cataluña, presentó anteriormente una ley  basada principalmente en el siguiente párrafo:

“en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la utilización de la tecnología de la fracturación hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalidad”

El abogado del Estado presentó un recurso al Tribunal Constitucional que terminó dictando la suspensión del  art. 167.1 de esta polémica ley.

Sin embargo, el mismo tribunal levantó la suspensión en marzo de 2015, ante la demanda del abogado de la Generalitat y al razonar que no invadía competencias estatales.

El abogado del Estado había alegado los daños a terceros por el retraso o impedimento de las labores de perforación.

En esencia, el abogado de la Generalitat afirmaba, 

el  indicado  precepto  no  establece  una  prohibición general  del fracking ni  otorga  a  los  órganos  urbanísticos  autonómicos  una potestad  discrecional  para  su  denegación;  condiciona  la  autorización  a  la inexistencia   de   los   efectos   negativos   sobre   los   valores   (geológicos, paisajísticos,  ambientales,  socioeconómicos  o  en  relación  con  ámbitos competenciales de la Generalitat) que la clasificación de los terrenos como suelo  no  urbanizable  trata  de  proteger.  La  apreciación  de  esos  efectos negativos  no  se  abandona  al  libre  criterio  de  los  órganos  urbanísticos autonómicos;   resulta   de   las regulaciones   sectoriales   autonómicas   y estatales  (sobre  espacios  naturales,  aguas,  minas,  costas,  montes,  etc.) aplicables  en  función  de  la  naturaleza  y  características  de  los  terrenos afectados.

Es decir, dejando de lado el lenguaje del Derecho, el levantamiento de la suspensión de la ley permite al gobierno autonómico sentarse a discutir con el gobierno central los aspectos particulares de cada permiso de exploración y ante falta de acuerdo, dejar a los tribunales de justicia y no al gobierno central, la decisión última sobre la perforación.

Tal vez, el lector, tenga como única opinión el confiar en el final del camino, en la prohibición, pero sería un error despreciar las etapas intermedias mientras se espera la llegada de la misma.

Piense, que con esta ley se evita con inmediatez el “libre albedrío” del gobierno central con los permisos y sí no recuerde el lector el permiso Luena, donde el ministro José Manuel Soria fue amonestado por el Defensor del Pueblo, amenazado judicialmente desde organizaciones ecologistas y ganaderas de Cantabria y reprobado desde la propia Comisión Europea, porque se le antojó no facilitar la documentación completa del permiso del que es disfrutario REPSOL.

La iniciativa de Cataluña ha sido atendida en el País Vasco, que para disgusto del PNV, ha adoptado una normativa parecida. Hay que recordar que en este caso y a día de hoy la ley se encontraría con un gobierno central y autonómico proclives al fracking. La salvedad es que en este caso tendrían que "retratarse" ambos.

Castilla y León intentó hace poco una regulación parecida a la de Castilla la Mancha pero sin éxito debido a la mayoría en el parlamento regional del PP con el apoyo de Ciudadanos. El gobierno conservador de esta comunidad autónoma representa la esperanza del ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy para conseguir los primeros pozos de Frackig en España. El actual proyecto de Plan Director de Promoción Industrial de CyL contemplaría este impulso incluyendo un proyecto de minería de uranio que deriva de conductas pocos transparentes del comisionista Manuel Lamela y del actual comisario europeo Miguel Arias Cañete.

Resumiendo, las comunidades “más históricas” han reivindicado su mayoría de edad, asumiendo su responsabilidad y reclamando al "padre” tratar el tema como adultos y así evitar que les imponga su voluntad sin una discusión previa, a la vez que se renuncia como única propuesta al "pataleo" de pedir que les resuelva sus problemas o les evite lo que no les gusta.

¿Y Cantabria que ha decidido? Desde el intento de prohibición…. realmente nada.

Las únicas presiones en los últimos tiempos vienen desde los activistas ambientales y ciudadanos, desde UGAM-COAG, los ganaderos de Cantabria y desde ADIC, la asociación defensora de los intereses de esta comunidad y creada en tiempos por Miguel Ángel Revilla para reinvindicar la diferenciación de Santander de Castilla y León, y que más tarde le permitiría transitar en la política regional de la mano del PRC, el partido regionalista de Cantabria.

Por lo demás, los partidos políticos parecen más ocupados en cargar las culpas al de al lado que de tomar decisiones eficaces en contra del fracking. Coincidiendo todos, eso sí, en que debe de ser el “padre” desde Madrid el que debe actuar para colmar sus exigencias y declarar la prohibición de la técnica.

Reclamación curiosa, ya que para el PRC, partido de gobierno en la actualidad, la actuación consistiría en exigir un movimiento de máximos en Madrid mientras que lo espera en relajado reposo desde  Santander.

Las prohibiciones del fracking no son fáciles. Pocos países las han considerado. La mayoría de gobiernos  no desean de entrada renunciar a oportunidades relacionadas con la economía y la energía en el futuro. Lo habitual son las moratorias, no decir ni sí ni no, sino esperar a ver los acontecimientos.

Como la que proponen PSOE y Ciudadanos, que en poco más de 24 horas cambiaron los anuncios de prohibición por los de una moratoria, reflejada en un documento de acuerdo de gobierno.

Moratoria durante la  legislatura, que “les saldría gratis”, respecto a los electores y los perforadores. De facto ya existe, los bajos de precios del petróleo señalan la probable hibernación de las perforadoras del fracking.

Pero el lector no debería confiarse, el pasar de la inflación en la exploración de los recursos de hidrocarburos a una renuncia desmesurada de dicha exploración a nivel mundial, solo llevará a un precio fluctuante del petróleo, donde no serán extraños los fuertes vaivenes en el precio, incluyendo rápidas e intensas subidas.

En ese momento,  volverán a escucharse las ruidosas perforadoras del fracking. 


J.L.R.






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