viernes, 29 de abril de 2016

Para entender el TIIP ( y las puertas de entrada del fracking)





Resumen del libro 

Pese al esfuerzo de movimientos y plataformas, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) ha conseguido sortear cualquier debate público serio. Negociado de manera clandestina bajo la presión de las transnacionales radicadas en Estados Unidos y en la Unión Europea, supone, con todo, una nueva vuelta de tuerca en la estrategia de dominación desplegada por estas últimas. En las páginas de este libro se explica pedagógicamente el contenido del TTIP, se sopesan los problemas mayores que está llamado a plantear, se examinan sus previsibles consecuencias en materia de política internacional y se consideran algunos de los vicios de análisis que, en relación con el acuerdo, arrastra la izquierda que vive en las instituciones.

Venta online en La Casa del Libro 
Nº Pág. 104 Tapa blanda
P.V.P 10 €



Sin consultar, Rajoy presiona para firmar el "TTIP canadiense" que podría "blindar el fracking".








El Gobierno en funciones de Rajoy presiona para aprobar el 'TTIP canadiense'



Publicado en Público
Por Alejandro López de Miguel
28 de abril de 2016 


Un documento al que 'Público' ha accedido en exclusiva prueba que el Ejecutivo en funciones trabaja para que el CETA pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no ha obtenido ningún tipo de apoyo del parlamento, ni le ha pedido que se pronuncie al respecto.


MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy lleva en funciones desde el 21 de diciembre, un día después de las elecciones generales, pero eso no le impide presionar para lograr la ratificación de un acuerdo comercial que afectará a la vida diaria de los europeos, ni tampoco para abogar por una ratificación provisional, dejando algunos aspectos por cerrar para que el CETA entre en vigor en 2017. Y lo hace sin que el Congreso de los diputados se pronuncie al respecto.

Público ha accedido en exclusiva al documento que recoge la posición de la Representación Permanente de España ante Bruselas, el apéndice del gobierno español y su enlace principal ante las instituciones europeas, sobre el acuerdo comercial entre la UE y Canadá; el CETA. El texto, presentado este miércoles en una reunión del Comité de Política Comercial de la UE, en el que tienen representación cada uno de los estados miembros, se deshace en elogios hacia el criticado tratado de libre comercio: "El primer acuerdo amplio y ambicioso con un país desarrollado del G8"; "Un excelente precedente para futuros acuerdos con países como Estados Unidos o Japón", según la representación española ante la UE.

El Ejecutivo en funciones pide que se firme "con la mayor rapidez" la "aplicación provisional del acuerdo", para que "pueda entrar en vigor lo antes posible (previsiblemente a principios de 2017), lo cual redundará en amplios beneficios económicos y comerciales para ambos socios", siempre según el texto.

Sin embargo, cientos de organizaciones sociales y partidos políticos son menos optimistas que el Gobierno en funciones o la Comisión Europea, y llevan meses advirtiendo de que una "aplicación provisional", como pide el Ejecutivo de Rajoy, no tendría vuelta atrás. 

"La implantación provisional dura tres años", explica a este diario Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal No al TTIP, que asegura que esta implementación tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población". "Sería un golpe contra la democracia representativa", sostiene.

Por otro lado, desde la Campaña contra el TTIP cuestionan también que un ejecutivo en funciones pueda estar legitimado para presionar y, llegado el caso, ratificar un acuerdo con las repercusiones del 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA). "Es inaceptable que un gobierno en funciones decida sobre algo así. Incluso aunque fuera legal es ilegítimo, porque va a tocar cuestiones de política pública que afectan a las vidas de todos los españoles", apostilla Kucharz, que pide al resto de partidos políticos que presionen para que el Ejecutivo en funciones del PP cambie de rumbo.

"La implantación provisional dura tres años", explican desde Ecologistas en Acción, y tendría lugar "sin debate parlamentario" y "sin un estudio de impacto sobre cómo afectaría a la población"

El Comité de Política Comercial o Trade Policy Comitee orienta y controla la política comercial de la UE y cuenta con representación de la Comisión Europea. Sus actas son secretas y generalmente se reúne una vez al mes. Entre otros temas, la reunión en la que la representación permanente ha presentado la posición del Ejecutivo en funciones tenía cierto carácter preparatorio de cara al Consejo de Ministros de Comercio del próximo 13 de mayo, en el que el TTIP y el CETA tendrán un papel protagonista.

No está previsto que se adopten nuevas decisiones sobre la fecha de ratificación del acuerdo con Ottawa -prevista para finales de año-, pero sí servirá como toma de contacto a la Comisión, que ve cómo el rechazo de los europeos a estos acuerdos comerciales sigue creciendo.
A pesar del silencio de la mayoría de grandes medios de comunicación españoles al respecto, el TTIP comienza a ser conocido, pero no así el CETA. Activistas, sindicatos y partidos políticos advierten que ambos forman parte de una misma lógica, y que el CETA es una suerte de caballo de Troya del polémico acuerdo transatlántico.

El "éxito" de los tribunales privados de arbitraje

El documento también celebra el "éxito" que a su juicio suponen los cambios ejecutados en el mecanismo de resolución de disputas entre empresas inversoras y estados (ISDS), que permite a las multinacionales demandar a estos países por cifras millonarias de considerar afectados sus beneficios por los cambios normativos decretados por los respectivos gobiernos…



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Encuentro de movimientos sociales Cántabros



Confusión política en España







Publicado en The New York Times
Editorial
27 de abril de 2016 



En los cuatro meses transcurridos desde la celebración de las elecciones generales en España, un Parlamento fracturado y fragmentado no ha podido ponerse de acuerdo sobre la creación de un gobierno. Tras el fracaso del esfuerzo de 11 horas de esta semana, mediado por el rey Felipe VI, España se ha visto obligada a llamar a nuevas elecciones para finales de junio. Las encuestas muestran que la composición del próximo Parlamento podría ser incluso más controvertido, lo que llevaría a un mayor número de meses de limbo político.

Después de décadas en las que dos partidos se turnaron en el timón, los votantes en el mes de Diciembre respaldaron partidos advenedizos que prometían un nuevo comienzo, el alivio de la austeridad y el fin de los escándalos y el amiguismo de la vieja guardia. Eso debería haber iniciado un esfuerzo de los líderes políticos para elevarse por encima de las ambiciones y rivalidades personales, pero la realidad ha estado más cerca de lo que los españoles se refieren desdeñosamente como circo, o un circo.

Las dos partidos principales, el Partido Popular del presidente en funciones Mariano Rajoy y los socialistas, se negaron a formar una gran coalición, mientras que los partidos emergentes, el centrista Ciudadanos y Podemos de  extrema izquierda, cayeron en las disputas y la animosidad mutua.

España no está sola con su confusión política. Estos son tiempos difíciles en toda Europa, con la crisis del euro, la crisis de los refugiados y el creciente desencanto con la Unión Europea. Irlanda ha fracasado en varios intentos de formar un gobierno y Portugal necesitó de 53 días después de las elecciones de octubre para dar forma a una coalición; en Hungría y Polonia, los votantes han traído gobiernos xenófobos; los británicos votarán sobre si se debe salir de la UE.

Sin embargo, España no puede soportar durante mucho tiempo un vacío. La Comisión Europea está presionando a Madrid para reducir aún más su déficit presupuestario, y el próximo gobierno va a determinar la respuesta. La austeridad es una de las razones por las que el señor Rajoy perdió su mayoría, y los partidos de izquierda han hecho campaña sobre una plataforma anti-austeridad.

La democracia se puede convertir en desordenada en momentos como estos. Pero en la medida que España se enfrenta a unas nuevas elecciones generales, es importante tener en cuenta que la democracia no es la causa de los problemas, como los líderes autoritarios podrían argumentar, sino el reflejo de una nación tratando de solucionarlos. Un mensaje claro a partir de las elecciones españolas de diciembre fue el anhelo de un mejor y más honesto liderazgo. Los políticos pendencieros en España deben recordar esto.



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jueves, 28 de abril de 2016

El Tribunal Supremo respalda la decisión de Rajoy de perforar en Soria y Guadalajara



El permiso Cronos es un permiso de investigación de hidrocarburos concedido oficialmente a Frontera Energy Corporation en mayo de 2013




Publicado en El País
Por Reyes Rincón
27 de abril de 2016 


El Supremo da respaldo judicial al plan de ‘fracking’ en Guadalajara y Soria

El tribunal avala el proyecto Cronos que prevé prospecciones en 96.000 hectáreas


El proyecto de fracking Cronos, situado entre las provincias de Guadalajara y Soria, podrá seguir adelante. El Tribunal Supremo ha avalado el permiso que el Gobierno concedió en 2013 al grupo Frontera Energy Corporation para la prospección de hidrocarburos mediante la polémica técnica de fractura hidráulica en 96.000 hectáreas y que fue recurrido por Ecologistas en Acción. La sala de lo Contencioso ha desestimado todos los argumentos de los ecologistas, que sostenían que el proyecto no incluía la evaluación ambiental preceptiva.

La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Calvo, cree que no hay razones para anular el real decreto estatal por el que se reguló el permiso del proyecto. Los ecologistas, que pedían que se revocara la autorización, aseguran que el programa no contempla las medidas de protección requeridas en la Ley del Sector de Hidrocarburos, omite la evaluación ambiental e infringe la directiva sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.

Sin esta documentación, el Gobierno no puede garantizar que el proyecto no cause impacto en las aguas superficiales y subterráneas y espacios naturales de la zona, aseguran los ecologistas. Pero el Supremo no acepta ninguna de sus alegaciones. Los jueces creen “suficientes” las medidas que recoge el documento que aportó la empresa y cita su propia jurisprudencia para afirmar que “no es exigible” que la evaluación ambiental estratégica o la declaración de impacto ambiental se presenten antes de que se conceda el permiso de investigación.

El proyecto dura seis años y tiene una inversión prevista de 15 millones de euros. Para la primera fase del programa solo se contemplan sondeos, sin utilizar aún la técnica de fracking y esta exploración, según el Supremo, no puede afectar “en nada” a los acuíferos subterráneos. “Solo en un momento posterior, en caso de que se decida perforar en determinadas localizaciones, habrán de obtenerse las correspondientes autorizaciones administrativas y de iniciarse el estudio de impacto medioambiental del sondeo a fin de adoptar las medidas de protección ambiental que se establezcan como necesarias”, concluyen los jueces.



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