Cartel
contra el fracking en Quintanilla-Sobresierra (Burgos). GORKA LEJARCEGI
Publicado en El País
Por Manuel Planelles
14 de marzo de 2017
Las
cinco empresas que impulsaron el uso de esta técnica renuncian a extraer gas
con fracturación hidráulica
Cinco empresas pusieron sus
ojos en el subsuelo de España a principios de esta década. Prometían que el
milagro del gas esquisto de EE UU podía exportarse y llegar hasta aquí. El
Gobierno del PP apoyó el empleo del fracking—la técnica con la que se extrae
ese tipo de gas— para rebajar la casi absoluta dependencia nacional de los
hidrocarburos del exterior. Pero el fuerte rechazo social —al que se sumaron
alcaldes y autonomías— y los bajos precios del gas han hecho fracasar esos
planes. Las cinco empresas han renunciado a usar la fractura hidráulica.
Inyectar agua, arena y
productos químicos a alta presión a través de un pozo para romper la roca madre
en la que están alojados el gas y el petróleo para poder extraerlos. Se conoce
como fracking o fracturación hidráulica y ha supuesto una revolución energética
en EE UU. Aquí también podía llegar esa revolución, decían las empresas del sector.
El subsuelo de España
—principalmente, el de la cuenca vasco cantábrica— alberga unas reservas de gas
equivalentes a casi 70 años de todo el consumo nacional actual, señalaba un
informe de 2013 encargado por la Asociación Española de Compañías de
Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento
Subterráneo. Escondidos en las entrañas de la tierra había 700.000 millones de
euros en gas, añadía esta patronal.
Pero, para extraerlo, era
necesario el fracking, demonizado por los grupos ecologistas, cuyas dudas
medioambientales sobre esta técnica terminaron calando en la sociedad. El
Gobierno del PP cambió la normativa estatal y le abrió la puerta. Pero con esta
técnica no solo se fracturaba la roca que aloja el gas, también la unidad de
los partidos. En Madrid, en el Congreso, el PP conseguía que la disciplina de voto
se mantuviera para los cambios legislativos que se aprobaron para autorizar su
uso a partir de 2013. Pero en varias comunidades —como Cantabria o el País
Vasco— los parlamentarios populares apoyaron las leyes antifracking
autonómicas. Ese rechazo también llegaba hasta los alcaldes: en Burgos, por
ejemplo, los cinco Ayuntamientos —todos del PP— afectados por el proyecto de la
empresa canadiense BNK se oponían a la fractura hidráulica. "Se creó una
sensación de inseguridad jurídica", admiten fuentes del sector de los
hidrocarburos.
Además, ya en marzo 2016, la
mayoría de grupos en el Congreso sacó adelante un iniciativa en la que instaba
al Gobierno a prohibir la técnica. Para entonces, las empresas habían empezado
ya su retirada de España, empujadas también por la caída del precio del gas y
el petróleo.
Las cinco compañías que
lideraron el movimiento profracking —crearon un grupo de presión llamado Shale
Gas España— fueron: BNK, la estadounidense Heyco, la canadiense R2 Energy, la
norteamericana San Leon y Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). Todas
han renunciado ya a esta técnica en España.
La última, SHESA. Es una
sociedad pública, dependiente del Gobierno vasco, que pretendía extraer gas con
fracking. A finales de este febrero el BOE publicó el rechazo del Ejecutivo
central a suspender cinco permisos de investigación de hidrocarburos que tiene
concedidos. Shesa había pedido la suspensión para que no corrieran los plazos
de tramitación y no perder esos derechos, señala esta sociedad. La empresa
reconoce que uno de esos permisos lo dan por perdido. Es el Angosto 1 —que se
extiende por País Vasco, Cantabria y Castilla y León—, donde SHESA pretendía
usar la fracturación hidráulica. "Pero ya se ha renunciado", añade
esta sociedad. Su intención es seguir peleando por los otros cuatros permisos,
pero ahí solo se emplearían técnicas convencionales.
País
Vasco
Lo mismo ha ocurrido con las
otras cuatro empresas que lideraron el lobby del fracking. BNK renunció a sus
dos permisos en 2016 y San Leon —a través de su filial Frontera Energy— hizo lo
mismo con los seis que tenía también el pasado año. R2 Energy —con su filial
Montero Energy— comunicó a la Comunidad Valenciana —tras la salida del PP de la
Generalitat en 2015— que no usaría el fracking en los tres permisos que tenía
concedidos allí. Y Heyco estaba asociada con la vasca SHESA. Solo los permisos
que afectaban a Euskadi tenían una "inversión comprometida" de 80
millones, según un informe de la Abogacía del Estado.
Se podría decir que esta fiebre
—o burbuja— del fracking en España comienza y acaba en Euskadi. En 2011, el
socialista Patxi López, entonces lehendakari, viajó hasta Texas y, al pie de un
pozo de shale gas, anunció que el País Vasco tenía reservas de gas para
autoabastecerse durante 70 años. Seis años después, Euskadi cuenta con una ley
que, aunque no prohíbe la técnica, la hace casi inviable debido a los
requisitos ambientales. La norma partió de una iniciativa legislativa —que
recabó más de 100.000 firmas— y salió adelante en el Parlamento vasco gracias a
los votos de EH Bildu, PP y PSE.
Varias comunidades, antes que
Euskadi, aprobaron leyes que prohibían sin más esta técnica. Y el Tribunal
Constitucional las fue anulando al entender que invadían competencias del
Estado. Así que en el País Vasco se buscó esa vía alternativa: no vetar sin más
el fracking, sino imponer unas condiciones muy estrictas. El Constitucional
todavía estudia el recurso interpuesto por el Gobierno central contra esa norma….
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